La Región de Murcia es una de las Comunidades Autónomas más austeras de España, administra a 1,5 millones de personas a los que tiene que dar Sanidad, Educación y Dependencia y es una de las Comunidades que menos deuda ha generado a las arcas del Estado.
En concreto, según los últimos datos conocidos es la cuarta Comunidad con menos deuda por habitante de España.
En un ejercicio de responsabilidad y ante la situación actual de crisis económica, el Gobierno regional se ha visto en la necesidad de adoptar una serie de medidas de ajuste en la Administración Regional que en ningún caso hubiera adoptado en situación de bonanza.
Da respuesta a la exigencia del Gobierno Central de implantar “medidas de calado” en la Región de Murcia. La Comunidad requiere la autorización del endeudamiento contemplado en los Presupuestos de este año y que, inicialmente, contaba con el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda.
El Gobierno regional es consciente de que no son medidas agradables y ha sido muy doloroso tener que adoptarlas, pero se ha visto obligado a tomar decisiones duras DE CARÁCTER COYUNTURAL en ESTOS tiempos de especial dificultad. La responsabilidad del gobernante tiene que estar por encima del rédito político.
La insuficiente financiación por parte del Estado para la Sanidad, la Educación y la Dependencia, ha abocado a la situación de insostenibilidad de las finanzas públicas por lo que el gobierno autonómico se ha visto obligado a tomar estas medidas, entre otras, que pese a ser impopulares, aseguran la continuidad y calidad de los servicios que prestan nuestros colegios y nuestros hospitales.
Existen 450.000 murcianos que son invisibles para el Gobierno socialista de Zapatero y a los que, sin embargo, la comunidad autónoma les da servicios.
Otras Administraciones regionales han obtenido fondos extras del Estado, sencillamente porque al Gobierno central le ha dado la gana. Las reglas del juego no han sido las mismas para todos.
El conjunto de medidas afecta a toda la Administración regional:
.-Se van a reducir el 70 % de los entes con los que cuenta la CARM
.-Se van a vender edificios públicos
-Se va a cambiar el modelo de gestión de la televisión pública reduciendo su coste para las arcas públicas en un 80 por ciento.
-Se restringen al máximo los gastos para promoción de la Administración regional
.-Se ponen más filtros para cualquier subvención pública
.-Se establece aún más disciplina presupuestaria
-Se establecen medidas más rigurosas y de control en el proceso de contratacion pública
-No se realizarán contratos de asistencias técnicas por ninguna Consejería sin autorización expresa del Consejo de Gobierno
-Se establece una nueva jornada laboral para los funcionarios volviendo a las 37 horas y media (y 40 para los de especial dedicación)
-Se reducen los liberados sindicales que actualmente gozan de dispensa para asistir al trabajo
-Se suspenden acuerdos retributivos que quedaban por hacer efectivos.
-Se minoran algunos complementos retributivos de los funcionarios
Estas medidas supondrán un ahorro de 300 millones para las arcas regionales, sobre un presupuesto de 4.800 millones.
En definitiva, nos apretamos el cinturón al máximo.
Las medidas que afectan a la estructura organizativa de la Administración regional se pretende que sean permanentes.
Las medidas que más duelen son las que afectan a las retribuciones de los funcionarios, pero se ha dejado claro que estas medidas son COYUNTURALES, no definitivas. En cuanto la situación cambie, se modificarán muchas de las medidas que ahora se están tomando.
El gobierno tiene a los empleados públicos de la Administración regional en la más alta estima. Es un conjunto de profesionales comprometidos con el servicio público.
Cuando las circunstancias lo han permitido se han mejorado las condiciones de trabajo de los empleados públicos, incluídas las económicas. En estos momentos, se les pide este esfuerzo provisional.
No se habrían tomado estas decisiones si no hubiera sido absolutamente necesario.
